Una persona fue atacada y fallece en el hospital el 13 de Agosto. Nadie quiere testificar. La persona que fue al hospital a tomar declaración dicen que no trabaja para la Procuraduría. No encuentran a la persona ni el reporte.
Respuesta enviada
En breve comprobaremos tu respuesta para publicarla posteriormente
Ha habido un error
Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Mejor respuesta
Esta respuesta ha sido útil para 3 personas
Para eso existen los peritos en criminalística que son enviados por la fiscalía para realizar todo el trabajo de campo en el lugar de los hechos, eso además del trabajo del médico forense. Hay que poner a trabajar a La Fiscalía.
Le recomiendo que presente su denuncia ante el Ministerio Publico, y le recuerdo que tiene derecho a ser asesorado por un abogado de oficio, reitero el ministerio publico tiene la obligación de investigar y llegar hasta los responsables del delito cometido. saludos
Lo que comentas no es posible, los paramédicos que atendieron la urgencia, debieron entregar parte informativo a Trabajo Social cuando ingresó el herido; en el hospital tuvo que haberse practicado la necropsia de ley para poder extender el certificado y acta de defunción, y la entrega del cadáver, que es autorizada por la fiscalía, de la misma manera el hospital tuvo que haber enviado el oficio de caso legal a la fiscalía correspondiente, de tal suerte que ya debe existir expediente de investigación, en donde la fiscalía ordenará la práctica de cuanta diligencia se pueda practicar, es evidente que si no se sabe en donde ocurrieron los hechos ni hay testigos, no habrá peritaje de criminalística y la investigación está detenida, acercate a Trabajo Social o a la dirección del hospital para rastrear todos esos documentos, la fiscalía es la única responsable de la investigación, tu no pude hacer nada más, si no encuentras información o no te la quieren proporcionar, acude en queja ante la función pública.
Solamente con camaras de video de la ciudad y/o de vecinos al lugar de los hechos, tambien pueden solicitar a las compañias telefonicas si entre sus registros hay mensajes y/o llamadas que coincidan con el acto ilicito.